Gabriel Boric
Presidente de la República de Chile
A través de la Oficina de Gestión Ciudadana
La Moneda
Santiago, Chile
De nuestra consideración:
Hemos recibido información alarmante sobre el desalojo de un campamento de 200 familias en Santiago, Chile. Se trata de una violación del derecho humano a una vivienda adecuada, al cual el Estado de Chile está obligado por haber ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas.
Es indispensable que el Estado tome cartas en el asunto, reparando de inmediato los daños sufridos por estas familias; formalizando a la brevedad el protocolo de desalojo que la Observación N°7 del Consejo de Derechos Humanos establece desde 1994 para la aplicación de desalojos sin violencia; y desarrollando los esfuerzos de coordinación y diálogo necesarios para responder a la complejidad territorial, urbana, habitacional, social, ambiental y cultural de la comunidad de la 17 de Mayo y miles de otras familias que sufren trauma y angustia en Chile por amenazas de desalojo de su campamento.
En particular, solicitamos expresamente:
• Aplicar una reparación inmediata y/o medidas de indemnización para las familias desalojadas que perdieron sus pertenencias por la acción de demolición del asentamiento.
• Desde la Mesa de Negociación, resolver las condiciones del asentamiento transitorio de estas familias organizadas, a la espera de la precisión del reasentamiento definitivo.
• Formular las condiciones del reasentamiento definitivo, con propuestas combinadas entre varias organizaciones de la demanda habitacional del sector (comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Renca), hacia el mejor uso posible del escaso suelo urbano disponible.
• Responder a las demandas utilizando los instrumentos vigentes como el Plan de Emergencia Habitacional, PEH 2022–2025, y el Plan de Ciudades Justas del Gobierno de Chile.
• Precisar los instrumentos para formalizar los protocolos que el Estado debe establecer en función de los estándares de Naciones Unidas en caso de cualquier tipo de desalojo en Chile.
Exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado ante la sociedad, en conformidad con los derechos humanos y las necesidades de la población, especialmente sus sectores más vulnerables.
Atentamente,
